El
alcalde, Gumersindo Galego, informó esta mañana de la sentencia dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Ferrol por la que se desestima
íntegramente el recurso interpuesto por Viaqua reclamando, en este caso, la
actualización del canon del agua correspondiente al ejercicio 2017. Así, Galego
explicó que la empresa reclamaba al Ayuntamiento 329.103,76 euros y añadió que
se trata ya de la tercera sentencia favorable a la Administración local. En
total, la batalla judicial iniciada por el ejecutivo que preside Galego
permitió al Ayuntamiento ahorrar hasta el momento cerca de un millón de euros
(en concreto, 950.103,76 euros). Frente a esta situación, la actitud del anterior
gobierno del BNG, favorable a negociar con Viaqua el abono de las cantidades
reclamadas por la empresa. Además, Gumersindo Galego avanzó también que la
primera sentencia, correspondiente a 2015, hoy en día ya es firme.
En
los tres casos, los tribunales desestimaron los recursos interpuestos por
Viaqua reclamando la actualización del canon del agua en los ejercicios 2015,
2016 y 2017 -con el anterior gobierno del Bloque-. Gumersindo Galego quiso
hacer memoria y apuntó que, una vez privatizado el servicio de abastecimiento y
saneamiento de agua por el gobierno del Bloque en el año 1993, ese contrato
vencía en 2008, pero ya en 2002, modifican el contrato para ampliar la duración
hasta 2018, sin publicidad ni concurrencia de más empresas, y con una
contrapartida menor (una obra en la carretera del muelle de Maniños). En el
contrato inicial de 1993 se establecía una fórmula de actualización del canon,
con unas cláusulas tasadas de cómo y cuándo se tenía que llevar a cabo para
mantener el equilibrio de la concesión. Y, en 2008, la empresa solicita una
actualización del canon correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010,
acreditando el desequilibrio. El juzgado del contencioso-administrativo de
Ferrol (con sentencia de 2011) confirma la actualización, sin fijar cantidad. Una
cuantía a día de hoy pendiente de cuantificar al existir discrepancias entre
Ayuntamiento y empresa.
A
partir de ahí, Viaqua comenzó a demandar por sistema al Ayuntamiento de Fene.
En noviembre de 2018, vence el contrato y el gobierno integrado por PP y Somos
Fene decide rescindirlo y obligarle a la empresa a mantener el servicio hasta
que se tome una decisión sobre la gestión, cuestión que se abordará ahora,
pasados los comicios municipales. El alcalde añadió que el día en el que se
notificó la rescisión del contrato a Viaqua, con presencia de todos los grupos
municipales, se dio cuenta de las reclamaciones del canon correspondientes al
año 2015 y 2016 (con el anterior gobierno nacionalista) y el portavoz del
Bloque era partidario de llegar a un acuerdo con Viaqua para abonarle las reclamaciones con
fondos del remanente de tesorería (la de 2015 ascendía a 319.392 euros y la de
2016 a 302.090,72 euros, sumando los 621.000 euros). Unas cantidades que el
resto de grupos consideraban desorbitadas por la actualización del canon.
Recordó
también que los recursos interpuestos ante la justicia procedían de una
reclamación administrativa previa a la que no atendió ni respondió al
Ayuntamiento, con el gobierno nacionalista. Una situación que llevaría al
Ayuntamiento al pago de las cantidades reclamadas sino se actuara, añadió.
Así
las cosas, con los argumentos que ya deberían haberse dado a la empresa en la
vía administrativa y no en el contencioso, el Ayuntamiento ganó los tres
procedimientos señalados. Las sentencias son muy claras. Establecen la
desestimación del recurso interpuesto frente a desestimación por silencio
administrativo de la solicitud de actualización del canon. Unos argumentos
claros: para la actualización del canon se deben dar las circunstancias que
marca el contrato y acreditarse, cuestión que no hizo la empresa, y que no
puede darse por sistema (con la presentación de un simple escrito de
solicitud). Y es que el contrato no establece una cláusula de revisión
automática, sino se dan unas circunstancias concretas.
